Tras la excarcelación, ayer, de la etarra Inés del Río, en virtud del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el que se derogaba la aplicación de la doctrina Parot en su caso, muchas son las críticas que se están vertiendo contra el Alto Tribunal europeo por haber tomado tal decisión.
También contra la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por la celeridad con la que ha ejecutado la sentencia del TEDH. "Se puede discutir si se podía haber tardado más o menos, pero la ejecución, es decir, la aplicación de lo dictado por Estrasburgo, debía llevarse a cabo", aseguran fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por ATENEA.
Un aspecto que llama la atención es que ha sido el propio Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado, el que ha actuado de oficio (por iniciativa propia) y ha presentado la solicitud de la ejecución. Si lo hubiera hecho la defensa de la etarra, su puesta en libertad se habría demorado más por cuestiones de procedimiento... (seguir leyendo).
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