No será hasta antes del verano cuando la nueva Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas vea la luz. Al tratarse de un proyecto de Ley Orgánica, su tramitación parlamentaria tiene que pasar por las dos Cámaras, por lo que la fecha inicialmente prevista para su aprobación, el próximo mes de abril, es prácticamente imposible que se cumpla. Y más teniendo en cuenta que los plazos para el inicio de los trabajos de la Comisión de Defensa del Congreso (encargada de elaborar el texto definitivo) se han retrasado, con el consiguiente cabreo de algunos de sus miembros.
El trámite que la nueva normativa debe recorrer constará de diferentes fases. La primera de ellas comenzará los próximos días 8, 9 y 10 de febrero, según han informado a Atenea Digital fuentes de la Comisión de Defensa del Congreso. Durante esos tres días, que incluso podrían quedar reducidos a dos, los diputados de la Comisión, con el socialista Cipriá Císcar a la cabeza, escucharán las intervenciones de expertos, militares y personalidades relacionadas con el ámbito de la Defensa, cuyas comparecencias han sido propuestas por los distintos grupos parlamentarios.
El hecho de que se hayan limitado los días de comparecencias de personas ajenas a la Comisión responde a un único criterio, según las fuentes consultadas por Atenea Digital: “No queríamos un debate sin límite de tiempo que se convirtiese en atender reclamaciones de carácter particular”.
A continuación, y una vez valorados los testimonios de los comparecientes, comenzará la fase de presentación de enmiendas parciales, tras ser rechazada, el pasado mes de diciembre, la enmienda a la totalidad presentada por UPyD (Unión, Progreso y Democracia), el partido que lidera Rosa Díez.
Durante el periodo de enmiendas, los diferentes grupos políticos propondrán sus iniciativas de modificación del proyecto de Ley que el Ministerio de Defensa remitió a la Cámara Baja tras ser aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado (un texto en el que se incorporaron algunas de las observaciones incluidas en el dictamen elaborado por el Consejo de Estado).
Tras el plazo de enmiendas, un grupo de diputados elegidos entre los propios integrantes de la Comisión de Defensa se encargará de elaborar el texto definitivo (o ponencia) que posteriormente será remitido al Senado para su aprobación. Este último paso será un mero trámite, habida cuenta de que los dos principales grupos (PSOE y Partido Popular) están de acuerdo en lo esencial, y así lo han puesto de manifiesto algunos de ellos en las conversaciones mantenidas con Atenea Digital.
El consenso para sacar adelante esta Ley está, por tanto, garantizado; pero es que además es necesario, no sólo porque así lo haya pedido reiteradamente la titular de Defensa, Carme Chacón, sino porque la aprobación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto, como así lo exige la Constitución Española en su artículo 81.
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