"El terrorismo organizado no puede subsistir sin un constante flujo financiero", afirmaba en 2004 José Carlos García Fajardo, profesor de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid, en su artículo titulado 'La nueva economía del terror'. "La religión -proseguía García Fajardo- no es más que un instrumento de reclutamiento, mientras que la fuerza motora real es la economía".
También la periodista y economista italiana Loretta Napoleoni, en su obra 'Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía', habla de la nueva economía del terror, y de cómo la financiación de los grupos terroristas está rodeada de "delincuencia, corrupción y engaño". Según Napoleoni, las fuentes de financiación del terrorismo yihadista proceden, principalmente, de las actividades criminales (robos, secuestros fraudes de tarjetas de crédito y narcotráfico), y de los donativos que empresas, magnates e incluso, en ocasiones, de la propia Administración (Arabia Saudí u otros países del Golfo Pérsico) hacen a mezquitas y ONG islámicas, que son empleadas como tapaderas de las actividades terroristas.
A la vista de estas afirmaciones, y recordando las palabras del mosso d'esquadra David Miquel i Serra en el mes de mayo, en las que afirmaba que las células terroristas yihadistas asentadas en España (principalmente en Cataluña) tenían como objetivo principal obtener financiación y apoyo logístico. es más fácil comprender la importancia de la operación llevada a cabo el pasado martes por efectivos de la Guardia Civil, que se saldó con la detención de cinco personas por su presunta relación con una célula de apoyo logístico y financiero a grupos terroristas que operan en la zona argelina del Magreb, concretamente con la 'franquicia' de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
