Con la inesperada intervención quirúrgica del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas como telón de fondo, la participación española en Afganistán nuevamente en el punto de mira, y el conflicto con los controladores aéreos que ha provocado, por primera vez en democracia, el establecimiento del Estado de Alarma en nuestro país, las Fuerzas Armadas despiden un año 2010 con la sombra de la crisis económica como expectativa de futuro, y con el recuerdo de los ocho compañeros fallecidos en Haití y Afganistán cuando cumplían con su deber a miles de kilómetros de sus hogares.
El año comenzaba con la asunción, por parte de España, de una Presidencia tripartita de la Unión Europea que planteaba el gran reto de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Con el nuevo documento se abordaban importantes cambios estructurales en el seno de la Unión. En lo relativo a la seguridad y la defensa, se puso en marcha el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior (instrumento base de la diplomacia común) y comenzó su andadura, con nueva denominación, la Política Común de Seguridad y Defensa, cuya aplicación contempla la posibilidad de que los estados miembros puedan poner capacidades civiles y militares a disposición de la Unión Europea.
Desde el punto de vista operativo, el mes de enero puso a prueba las capacidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para actuar, por vez primera, fuera de España. Sus efectivos se desplazaron a Haití para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de las miles de víctimas que se cobró el terremoto que asoló la isla caribeña el 12 de enero. Entre esas víctimas, una española que fue rescatada por los efectivos de la UME: la subinspectora de Policía Rosa Crespo.
También la Armada, a bordo del buque ‘Castilla’, desplegó medio centenar de efectivos en Haití para proporcionar ayuda en el restablecimiento de las infraestructuras básicas que resultaron dañadas tras el seísmo. Durante su estancia de tres meses en el país caribeño, los militares españoles perdieron a cuatro de sus compañeros, que perecieron al estrellarse el helicóptero en el que viajaban: el comandante de Intendencia Luis Fernando Torija, el teniente de Infantería de Marina Francisco Forne, el alférez de navío Manuel Dormido y el cabo mayor Eusebio Villatoro.
Este suceso se produjo en el mes de abril, pero antes de esa fecha, en el mes de febrero, hubo que lamentar otra pérdida de la familia militar. Esta vez se produjo en Afganistán, una misión que ha dado mucho que hablar durante 2010. El soldado John Felipe Romero Meneses falleció cuando su BMR (Blindado Medio Ruedas) sufrió un ataque en el que otros seis militares resultaron heridos.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, explicó las circunstancias del atentado en el Congreso de los Diputados, a la vez que solicitó el envío de 511 militares y 40 guardias civiles para incrementar el contingente español destacado en el país asiático. Los diputados dieron luz verde a esta ampliación, la única realizada hasta el momento en Afganistán, a pesar de que el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, durante su visita oficial a España en el mes de septiembre, pidió un nuevo esfuerzo a España, que no fue ‘admitido a trámite’ por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
Los que sí fueron enviados a la zona fueron los nuevos vehículos Lince y RG-31, en sustitución de unos ya demasiado vetustos BMR, cuyas características de seguridad resultaban insuficientes para una misión que nuevamente fue calificada por la titular de Defensa como “la más peligrosa” de todas en las que participan actualmente nuestras Fuerzas Armadas. Un peligro que, sin duda, se puso de manifiesto en el mes de agosto cuando un supuesto policía afgano (en realidad se trataba de un insurgente infiltrado) asesinó a tiros a dos guardias civiles españoles en la base de Qala-i-Naw: el capitán José María Galera y el alférez Abraham Leoncio Bravo.
Y mientras las tropas españolas continuaban haciendo frente a una insurgencia cada vez más potente en Afganistán (este año se han incrementado los ataques contra las fuerzas multinacionales), soldados españoles continuaban con sus respectivas misiones en Somalia y en Líbano, mientras que los últimos soldados que quedaban en Bosnia-Herzegovina decían adiós a una misión operativa que dejaba paso a otra no ejecutiva que es la que se está llevando a cabo actualmente en el país balcánico.
La recepción oficial de este último contingente, con el que se ponía fin a 18 años de despliegue de fuerzas españolas en territorio bosnio, fue presidida por Su Majestad el Rey don Juan Carlos, ya restablecido de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el mes de mayo y que mantuvo en alerta a todo el país hasta que los médicos confirmaron que el tumor que se le había extirpado de su pulmón derecho “no era cáncer”.
Afortunadamente el Rey se recuperó con éxito de la operación, efectuada en la Clínica Planas de Barcelona, y tan sólo dos meses después ya tuvo que actuar, de manera infructuosa, por cierto, en la crisis que se planteó en la frontera entre Melilla y Marruecos. Don Juan Carlos llamó a su homólogo marroquí, Mohamed VI, para rebajar las tensiones que se produjeron en el paso fronterizo de Beni-Enzar, donde activistas marroquíes denunciaron agresiones por parte de la Policía que controla la frontera, y colgaron carteles con imágenes denigrantes de mujeres policías, a las que responsabilizaban de los supuestos malos tratos cometidos contra ciudadanos marroquíes.
También se produjeron nuevas tensiones en las aguas que rodean al Peñón de Gibraltar, en el Sahara… y en el espacio aéreo español. Si los meses de julio y agosto vinieron cargados de tensiones entre el Gobierno y los controladores aéreos, estas tensiones se avivaron hace unas semanas con una nueva huelga encubierta de los controladores que provocó el establecimiento, por parte del Ejecutivo, de un Estado de Alarma que no se había producido con anterioridad en nuestro país.
Esta situación conllevó que el Ministerio de Defensa asumiera el control del espacio aéreo y que efectivos del Ejército del Aire se desplazaran a las torres de control de los aeropuertos para supervisar el buen funcionamiento de las mismas.
Y así, con España en Estado de Alarma hasta el 15 de enero; con las previsiones de que entre en vigor, en 2011, una controvertida y poco novedosa Ley de Derechos y Deberes de los Militares; con un asfixiante recorte del 7% en los presupuestos de Defensa para el próximo año; y con el inicio de una nueva edición de la Campaña Antártica se despide un 2010 en el que los españoles han querido regalar a sus Fuerzas Armadas el primer puesto en el ‘top ten’ de las instituciones más valoradas, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¡Feliz 2011!
