Aumenta la piratería en Somalia a pesar de los esfuerzos internacionales

La delincuencia organizada sigue haciendo su particular agosto en el Cuerno de África, a pesar del despliegue que la OTAN y la Unión Europea mantienen desde hace dos años en la zona.

El domingo pasado, el patrullero 'Infanta Cristina' de la Armada española relevaba en el puerto de Yibuti a la fragata 'Victoria', en el marco de la operación Atalanta de la UE contra la piratería. Tras cuatro meses desplegada en aguas de Somalia, la fragata española ponía fin a su misión, que culminó con el aborto del ataque pirata al buque noruego 'Bow Saga'. Antes de esa actuación, ya contribuyó a la liberación del buque de bandera norcoreana 'Rim', enviando su helicóptero al lugar de los hechos.

Sin embargo, todos los esfuerzos que está llevando a cabo la comunidad internacional en el Cuerno de África parecen no ser suficientes, según los últimos datos facilitados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

¿Quién está detrás de los piratas?

El año pasado, el número de ataques de piratería en la zona se duplicó, pasando de los 111 que se produjeron en 2008 a 217 en 2009. Además, según la UNODC, esta actividad sigue aumentando, a pesar de que los piratas que llevan a cabo los secuestros de las embarcaciones tan sólo perciben una cuarta parte del dinero que se paga por los rescates (cantidad que asciende, anualmente, a más de 100 millones de dólares estadounidenses).

Es cierto, como advierten muchos expertos, que el problema en Somalia pasa por solucionar la situación en tierra, en el propio país, y no sólo en las aguas que lo circundan. Sin embargo, habría que investigar más a fondo quiénes son los que reciben las tres cuartas partes del dinero de los rescates, puesto que ahí también radica el problema.

El pasado mes de junio se inauguró en Kenia el tribunal que juzgará a los sospechosos de piratería, con contribuciones de Alemania, Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea. Auspiciado por la UNODC, este órgano judicial contribuirá, sin duda, al enjuiciamiento de los presuntos piratas, pero ¿qué ocurrirá con sus patrocinadores?

También la ONU ha decidido aumentar su presencia en Somalia (que se mantiene de manera constante desde 1991), según ha anunciado esta semana el representante especial de Naciones Unidas en la zona, Augustine Mahiga. El frágil Gobierno de transición, encabezado por el presidente Cheij Sharif Ahmed, se estableció en enero de 2009 y se mantiene gracias al apoyo de la comunidad internacional, y a pesar de los insurgentes islamistas que controlan la capital, Mogadiscio.

Sin duda, todos los esfuerzos son pocos para detener las actividades delictivas en una región de África en la que más de tres millones de personas necesitan de la ayuda internacional, una ayuda que llega vía marítima gracias al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, por lo que garantizar la seguridad de la navegación es vital en esta zona del Cuerno de África.

Un millón de personas aisladas

En el mes de enero se hizo prácticamente imposible que el Programa Mundial de Alimentos continuase llegando a más de un millón de personas necesitadas en el sur de Somalia, debido al aumento de las amenazas y los ataques contra las operaciones humanitarias, así como la imposición de una serie de exigencias inaceptables por parte de los grupos armados que operan en el país. (El Gobierno de transición, en el poder desde 1991, todavía no controla totalmente el país a día de hoy, ni siquiera la capital, Mogadiscio).

Difícil se plantea, por tanto, la situación en tierra y en las aguas del Cuerno de África, aunque, según organismos como la ONU o la Interpol, no es ésta la única zona marítima afectada por la piratería. El Golfo de Guinea, y las aguas entre Bangladesh y el Mar del Sur de China también son objeto de esta actividad delictiva, aunque en 2009 más de la mitad de los ataques piratas se produjeron en las costas de Somalia.

La contribución española a la operación 'Atalanta' (establecida por la Unión Europea en 2008) es un grano de arena más en el operativo militar desplegado en la zona (el nuestro es el segundo país, por detrás de Francia, que más efectivos aporta a la misión europea); pero, como ya señalaba anteriormente, aparte de pacificar el territorio somalí -aspecto éste necesario, sin duda-, habrá que ir más allá para identificar a los responsables de los ataques piratas que son, sin duda, un grave escollo para el tráfico marítimo en la zona.

El problema mundial del crimen organizado

“A no ser que nos ocupemos eficazmente de la amenaza que supone la delincuencia organizada, nuestras sociedades serán rehenes”, dijo Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el pasado mes de junio. Tan sólo mes y medio después de esas declaraciones, el Ministerio del Interior español presentaba el balance de las actuaciones llevadas a cabo durante 2009 por la Policía y la Guardia Civil: casi 6.000 personas detenidas y 561 grupos de crimen organizado desarticulados.

Pero a pesar de la incesante y eficaz labor que, en el caso concreto de España, desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “la delincuencia organizada -manifestó en junio Costa- se ha globalizado convirtiéndose en una de las primeras potencias económicas y armadas del mundo”.

El máximo responsable de la UNODC efectuó estas declaraciones tras las presentación del último informe elaborado por el organismo que está bajo su dirección, titulado 'La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional'. “La disolución de los grupos delictivos en sí no es la solución, ya que los detenidos son sustituidos inmediatamente”, aseveró Costa. “Las fuerzas del orden contra las mafias -añadió- no detendrán las actividades ilícitas si no se interviene en los mercados que las sustentan, incluida la caterva de delincuentes de guante blanco, es decir, abogados, contables, agentes inmobiliarios y banqueros que hacen de tapadera y blanquean sus ganancias”.

También incidió Costa en la importancia de dar “respuestas globales” a este tipo de actividades, ya que, según figura en el informe, “las respuestas nacionales son insuficientes”, puesto que “simplemente trasladan el problema de un país a otro”. Y en esa línea están trabajando, en el caso español, la Policía y la Guardia Civil a través de los Equipos Conjuntos de Investigación que colaboran con servicios policiales y judiciales de países miembros de la Unión Europea. Fuera del ámbito comunitario, España es uno de los 188 países que forman parte de la INTERPOL, la organización policial más grande del mundo.

Sin duda, todo esfuerzo es poco para combatir la delincuencia transnacional que, según advirtió Costa, “se ha convertido en una amenaza para la paz y el desarrollo, incluso para la soberanía de las naciones”. En el ámbito español, entre las principales actividades delictivas de los grupos de crimen organizado desarticulados durante 2009 figuraban el tráfico de drogas, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y contra las personas y la libertad, la trata e inmigración ilegal y, finalmente, los delitos de corrupción. No obstante, según informó a finales de julio el Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, algunos de estos grupos “son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal”.

Del total de personas detenidas durante el año pasado, 2.881 eran españolas, 868 de otras nacionalidades de la Unión Europea y 2.126 de otros países. Y del total de grupos desarticulados (el 57% de ellos fueron desarticulados totalmente), 462 (el 82%) se dedicaban al tráfico de drogas, un ámbito éste en el que “se manifiesta una reorientación hacia el consumo de nuevas drogas y hacia mercados nuevos”, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2010, presentado en Viena (Austria) a finales de junio.

Para Antonio María Costa, las claves para luchar contra la delincuencia organizada pasan por promover el desarrollo para reducir la vulnerabilidad ante el delito (el informe pone de relieve, por ejemplo, la inestabilidad de la situación en África occidental, que se ha convertido en un centro de distribución del tráfico de cocaína) y por intensificar la cooperación en materia de cumplimiento de la ley para hacer frente al tráfico de drogas.

DEFENSA: Controladores militares ya gestionan eficazmente aeropuertos civiles

Desde que el ministro de Fomento, José Blanco, apuntase la posibilidad de que los militares pudieran sustituir a los controladores aéreos civiles en casos de 'bajas masivas' como las que se están produciendo en las últimas semanas, los cruces de declaraciones y críticas entre los colectivos que se verían afectados por esta decisión no ha cesado ni un instante.

Tras el anuncio de Fomento (el pasado 20 de julio), las voces se alzaron en el colectivo de controladores aéreos civiles, que argumentaba la falta de preparación de sus homólogos militares para controlar el tráfico aéreo general. Sin embargo, y a pesar de que los controladores militares necesitarían una habilitación específica para ejercer sus funciones en el ámbito civil, no sería la primera vez que efectivos de las Fuerzas Armadas controlasen el tráfico aéreo en aeropuertos civiles.

Durante seis meses (del 1 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010), 70 militares, pertenecientes en su mayor parte al Ejército del Aire, estuvieron desplegados en el aeropuerto internacional de Kabul, en Afganistán. Su misión consistía en dirigir y gestionar un aeropuerto con una media de 330 movimientos aéreos diarios (alrededor de 9.000 movimientos mensuales).

Pues bien, una vez finalizada la misión española en el aeropuerto afgano, el propio jefe de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF), general Petraeus, felicitó a la ministra de Defensa, Carme Chacón, por el eficaz control del espacio aéreo llevado a cabo por los militares del Ejército del Aire. “Durante estos seis meses -aseguraba por su parte el jefe del contingente español, coronel García Servet- el aeropuerto ha operado con normalidad y seguridad”.

También desde la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat, en Afganistán, militares españoles del Ejército del Aire contribuyen al control del tráfico aéreo en la zona. Precisamente la eficacia de las funciones desarrolladas por el personal del Ejército del Aire español y de la Aeronáutica Militar italiana (control del tránsito aéreo, mantenimiento de la pista, gestión de slots -horarios de asignación de vuelos- y seguridad de vuelo) hicieron posible que en el mes de marzo pasado las estadísticas revelaran que el tráfico aéreo comercial en el aeropuerto de Herat se había duplicado con respecto al año anterior, según informaba el Ministerio de Defensa.

Y sin salir de España, en nuestro país los controladores militares llevan más de 30 años gestionando aviones civiles en aquellas dependencias militares que están abiertas al tráfico aéreo civil, según informa la Sociedad Española de Control de Tránsito Aéreo (SODECTA), la única asociación que representa a los controladores aéreos militares en España.

De hecho, los controladores de las Fuerzas Armadas (efectivos del Ejército del Aire y en ocasiones de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra) dan servicio en ocho aeropuertos de tráfico mixto: Valladolid, San Javier (Murcia), León, Salamanca, Badajoz, Zaragoza, Albacete y Torrejón de Ardoz (Madrid).

Sin embargo, desde SODECTA se admite que los controladores militares deberían recibir una formación adicional (porque asumir un puesto de trabajo en una dependencia distinta conlleva el aprendizaje de nuevos procedimientos y normativas), aunque este colectivo es el único en posesión del certificado en inglés reconocido por la autoridad civil europea en materia de navegación aérea, si bien aún se está a la espera de la concesión de la Licencia Comunitaria de Controlador de Tránsito Aéreo regulada por el Real Decreto 1516/2009.

En la actualidad hay cerca de 280 controladores militares en activo y otros 320 con el curso completado, aunque no lo ejercen.

INTERNACIONAL: El futuro de Afganistán se debatirá el martes en la Cumbre de Kabul

Muchas son las expectativas que genera la Conferencia que el próximo día 20 se celebrará en Kabul sobre el futuro de Afganistán. Tantas que la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ya ha confirmado su asistencia; también lo han hecho el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Será la mayor reunión de autoridades extranjeras en el país asiático durante las últimas décadas. Y su celebración estará enmarcada en una de las peores fases del conflicto afgano desde que comenzara el despliegue de fuerzas multinacionales en la zona, en el año 2001.

Los ataques contra la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF) y contra objetivos civiles se han intensificado en las últimas semanas y la proporcionalidad de bajas con respecto al mismo periodo del año anterior se ha más que duplicado, según el último informe elaborado por Naciones Unidas.

La Conferencia de Kabul, como continuación de la celebrada en Londres el pasado mes de enero, abordará diferentes aspectos relacionados con el futuro del país afgano, pero sin duda uno de los más importantes, y así lo ha puesto de manifesto el representante especial de Estados Unidos para Afganistán y Pakistán, Richard Holbrooke, es que “la guerra no se puede ganar militarmente”.

Según las declaraciones de Holbrooke (recogidas por Press TV, un controvertido canal de noticias internacional financiado por el Gobierno iraní), “no hay solución militar para Afganistán, y como dijeron los generales Petraeus y McChrystal, no se puede ganar esta guerra matando a todos y cada uno de los Talibán”. ¿La alternativa? También la apuntó Holbrooke el pasado 13 de julio en el Departamento de Estado estadounidense: el Programa Afgano para la Paz y la Reinserción, cuyo propósito consiste en persuadir a los Talibán de que depongan las armas y regresen a sus respectivas comunidades.

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