“A no ser que nos ocupemos eficazmente de la amenaza que supone la delincuencia organizada, nuestras sociedades serán rehenes”, dijo Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el pasado mes de junio. Tan sólo mes y medio después de esas declaraciones, el Ministerio del Interior español presentaba el balance de las actuaciones llevadas a cabo durante 2009 por la Policía y la Guardia Civil: casi 6.000 personas detenidas y 561 grupos de crimen organizado desarticulados.
Pero a pesar de la incesante y eficaz labor que, en el caso concreto de España, desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “la delincuencia organizada -manifestó en junio Costa- se ha globalizado convirtiéndose en una de las primeras potencias económicas y armadas del mundo”.
El máximo responsable de la UNODC efectuó estas declaraciones tras las presentación del último informe elaborado por el organismo que está bajo su dirección, titulado 'La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional'. “La disolución de los grupos delictivos en sí no es la solución, ya que los detenidos son sustituidos inmediatamente”, aseveró Costa. “Las fuerzas del orden contra las mafias -añadió- no detendrán las actividades ilícitas si no se interviene en los mercados que las sustentan, incluida la caterva de delincuentes de guante blanco, es decir, abogados, contables, agentes inmobiliarios y banqueros que hacen de tapadera y blanquean sus ganancias”.
También incidió Costa en la importancia de dar “respuestas globales” a este tipo de actividades, ya que, según figura en el informe, “las respuestas nacionales son insuficientes”, puesto que “simplemente trasladan el problema de un país a otro”. Y en esa línea están trabajando, en el caso español, la Policía y la Guardia Civil a través de los Equipos Conjuntos de Investigación que colaboran con servicios policiales y judiciales de países miembros de la Unión Europea. Fuera del ámbito comunitario, España es uno de los 188 países que forman parte de la INTERPOL, la organización policial más grande del mundo.
Sin duda, todo esfuerzo es poco para combatir la delincuencia transnacional que, según advirtió Costa, “se ha convertido en una amenaza para la paz y el desarrollo, incluso para la soberanía de las naciones”. En el ámbito español, entre las principales actividades delictivas de los grupos de crimen organizado desarticulados durante 2009 figuraban el tráfico de drogas, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y contra las personas y la libertad, la trata e inmigración ilegal y, finalmente, los delitos de corrupción. No obstante, según informó a finales de julio el Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, algunos de estos grupos “son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal”.
Del total de personas detenidas durante el año pasado, 2.881 eran españolas, 868 de otras nacionalidades de la Unión Europea y 2.126 de otros países. Y del total de grupos desarticulados (el 57% de ellos fueron desarticulados totalmente), 462 (el 82%) se dedicaban al tráfico de drogas, un ámbito éste en el que “se manifiesta una reorientación hacia el consumo de nuevas drogas y hacia mercados nuevos”, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2010, presentado en Viena (Austria) a finales de junio.
Para Antonio María Costa, las claves para luchar contra la delincuencia organizada pasan por promover el desarrollo para reducir la vulnerabilidad ante el delito (el informe pone de relieve, por ejemplo, la inestabilidad de la situación en África occidental, que se ha convertido en un centro de distribución del tráfico de cocaína) y por intensificar la cooperación en materia de cumplimiento de la ley para hacer frente al tráfico de drogas.
