La, a veces, complicada relación entre militares y periodistas

Decía hace unos días el general Eduardo Acuña, comandante militar de Valencia y Castellón, que sería conveniente aumentar el número de periodistas con dedicación exclusiva a la comunicación en situaciones de crisis para mejorar la eficacia de los medios de comunicación en esta materia. Así lo reflejaba la agencia Efe el pasado miércoles y otros medios de comunicación se hacían eco de ello. 

Y lo cierto es que no le faltaba razón al general Acuña, al que el mundo periodístico no le es ajeno (formó parte del Consejo de Redacción del boletín informativo Tierra, publicación mensual de carácter gratuito que edita el Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra para distribuir entre todo el personal militar perteneciente a la institución). 

Las declaraciones del general se produjeron en el marco de la II Jornada ‘Fuerzas Armadas, Solidaridad y Derechos Humanos’ que se celebró en Valencia, concretamente en la sede de la Fundación Bancaja, y durante la misma Acuña resaltó el antagonismo que se da en algunas ocasiones entre la necesidad del periodista de contarlo todo y la “indiscutible discreción” de las Fuerzas de Seguridad. 

A modo de solución, el comandante militar de Valencia y Castellón proponía que hubiera más profesionales de los medios que se especializaran en información relacionada con el ámbito de la Seguridad y la Defensa, una especialización que, sin duda alguna, beneficiaría al usuario final de la información que, en definitiva, es el ciudadano (el periodista sólo ejerce como intermediario entre la fuente informativa y el receptor/usuario del hecho noticioso). 

Pero, por otra parte, tampoco estaría de más que el propio Ejército (y en general las Fuerzas Armadas) tuvieran al frente de los organismos de Comunicación Pública a auténticos especialistas en el ámbito de la comunicación. Incluso que el propio Ministerio de Defensa concediera, en muchas ocasiones, más autonomía a los órganos subordinados (cuarteles generales), puesto que hay veces en las que el periodista lo único que requiere de los uniformados es una mayor agilidad y rapidez en el proceso de difusión de la información, y esto no siempre se produce dada la excesiva burocracia que caracteriza a la institución castrense, sobre todo en asuntos relacionados con la comunicación. 

Bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado mucho en esta materia. Cada vez hay más militares capacitados para ejercer las funciones de oficial de información pública, funciones que se traducen, principalmente, en estar en contacto con los medios de comunicación. En el ámbito de las Fuerzas Armadas, y del propio Ministerio de Defensa, se organizan cursos para que los militares tengan conciencia de lo que significa la labor periodística. En dichos cursos se les enseña cómo deben tratar con los medios de comunicación, cómo facilitarles su labor, cómo hacer notas de prensa… por poner algún ejemplo. Pero también es cierto que en algunas ocasiones los que están al frente de los departamentos u oficinas de comunicación no son los que responden a un perfil acorde con las funciones que tienen que desarrollar. 

Por parte de los informadores, habitualmente los periodistas que están acostumbrados a cubrir temas de Defensa saben muy bien lo que pueden y/o no contar. No obstante, y esta es una cruz que siempre tendremos que arrastrar en el colectivo periodístico (como otros colectivos tienen la suya), siempre hay compañeros despistados e imprudentes que no informan con rigor y responsabilidad… pero también los hay, y muchos, que saben hacer muy bien su trabajo. 

Dicho esto, y tras el correspondiente ‘tirón de orejas’ a los periodistas que no actúan con responsabilidad profesional, vaya el siguiente ‘tirón de orejas’ para aquellos militares que desprecian la labor de los periodistas (como las meigas, haberlos haylos) o para los que piensan que cualquier uniformado puede desempeñar labores relacionadas con el ámbito de la comunicación. Y esto de la comunicación, señores míos, es algo muy serio. Vaya desde aquí una propuesta para ‘ambos bandos’: a los periodistas, que sean conscientes de que no toda la información se puede difundir, y principalmente aquella que puede ser sensible y afectar a asuntos de seguridad; y a los militares, que tengan en cuenta que no todos ellos, por muy buenos militares que sean, están capacitados para ‘lidiar’ con los medios de comunicación o para realizar funciones ‘periodísticas’. Con voluntad, respeto mutuo y comprensión, seguro que se puede llegar a un entendimiento como el que ya se da habitualmente entre muchos periodistas y muchos militares.

(Artículo publicado en Atenea Digital el 23 de noviembre de 2011)

El Papa destaca la labor de los capellanes militares en las zonas en conflicto

Aunque ya han pasado unos días desde que publiqué este artículo en Atenea Digital, lo cuelgo ahora en el blog porque me parece interesante. Algunos ya lo habréis leído, así que, perdón por mi 'insistencia'. (Sí, vaaale, tengo el blog un pelín desactualizado; es por falta de tiempo...). Y el artículo, en definitiva, dice así:

No se anduvo con rodeos Benedicto XVI en la Audiencia que concedió el sábado pasado a los participantes en el VI Congreso Internacional de Ordinariatos Militares (denominación canónica de las diócesis castrenses) que se ha celebrado en Roma durante el jueves y el viernes. A pesar de su avanzada edad, al Papa no le tembló la voz a la hora de reivindicar el papel de los capellanes militares como actores esenciales para promover la “reconciliación y el perdón” en aquellos países que han sufrido un conflicto.

Y es que, tan sólo un día después de que la Santa Sede valorase la muerte de Muamar el Gadafi como el final de una “fase trágica y demasiado larga de sangrienta lucha por el derrocamiento de un régimen duro y opresivo”, el Sumo Pontífice quiso subrayar precisamente que una “eficaz colaboración entre organizaciones humanitarias y responsables religiosos desarrolla fecundas energías tendentes a aliviar las asperezas de los conflictos”.

Las palabras del Papa, 25 años después de que su antecesor, Juan Pablo II promulgase la Spirituali Militum Curae (SMC), una Constitución Apostólica que fomentaba y regulaba la labor pastoral en el ámbito de las Fuerzas Armadas, cobraban, por tanto, más sentido que nunca. El pueblo libio, ya sin Gadafi, hace frente a una nueva etapa en la que la reconciliación y el perdón serán factores decisivos para el futuro del país.

Y es precisamente en ese contexto, en el de las zonas en conflicto en las que “tantos hombres y mujeres en uniforme, llenos de fe en Jesús, quieren promover la paz y se empeñan como verdaderos discípulos de Cristo para servir a su propia nación favoreciendo la promoción de los fundamentales derechos humanos de los pueblos”, donde se enmarca, según Benedicto XVI, “la relación entre el derecho humanitario y los capellanes militares”.

Porque, a juicio del Papa, y así lo puso de manifiesto ante los máximos representantes de los Ordinariatos Militares, “la sola dinámica del derecho no es suficiente para restablecer el equilibrio perdido”. Por ello, y aunque la misión del capellán castrense no se circunscribe únicamente a proporcionar asistencia religiosa a los militares que participan en operaciones internacionales, Benedicto XVI subrayó la importancia de su misión en aquellos lugares en los que, como consecuencia de las “devastadoras laceraciones producidas por las guerras”, la “dignidad humana con frecuencia es ultrajada y la paz asolada”.

A modo de colofón, Benedicto XVI destacó que “la obra de evangelización en el mundo militar requiere una creciente asunción de responsabilidad” para llevar a cabo “un anuncio siempre nuevo, convencido y alegre de Jesucristo, única esperanza de vida y de paz para la humanidad”. En este sentido, el Papa insistió en la importancia de que los Ordinariatos Militares “favorezcan una renovación general de los corazones, presupuesto de esa paz universal a la que todo el mundo aspira”.

En el VI Congreso Internacional de Ordinariatos Militares participaron, por parte de España, el arzobispo castrense, Juan del Río Martín, y el vicario general de la diócesis, Pablo Panadero. Monseñor Del Río, a quien le fue encomendada una de lasponencias del Congreso, destacó que la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas “es un derecho del militar creyente” y no “el fruto de ningún privilegio, ni de concesiones de un determinado régimen político”. Por ello, el arzobispo castrense español instó a sus homólogos de otros países a “alejar complejos eclesiásticos o sociales que nos imposibilitan para ser transparentes a la hora de comunicar a Cristo a un colectivo tan organizado y sensible como es el militar”.

¿Qué son los Ordinariatos Militares?

Según la Constitución Apostólica Sipirituali Militum Curae ‘Sobre la Asistencia Espiritual a los Militares’, promulgada por Juan Pablo II hace ahora 25 años, los Ordinariatos Castrenses son Iglesias particulares para regular la atención pastoral a los militares (considerados estos como un “grupo social” con unas “condiciones peculiares de  vida”, motivo por el cual “necesitan una concreta y específica forma de asistencia espiritual”). Al frente de cada Ordinariato militar hay un Ordinario, dotado de dignidad episcopal.

Según explica a Atenea Digital el capellán castrense Víctor Seoane, experto en Derecho Canónico, “en el caso de España, el histórico Vicariato Castrense, que nace en la Edad Moderna al mismo tiempo que nuestros Tercios, pasó a denominarse, después de la constitución apostólica Spirituali Militum Curae, Arzobispado Castrense de España”. “De dicho Arzobispado –prosigue-, que es una diócesis personal, son fieles todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que profesan la religión católica; así como sus familias”.

Al servicio de todos ellos se encuentran los capellanes castrenses, cariñosamente conocidos como ‘páter’, que reciben su formación en el Seminario que la diócesis castrense tiene en Madrid. El actual arzobispo  es don Juan del Río Martín que desempeña esta labor de “servidor de los militares”, como a él le gusta definirla, desde hace tres años.

En el año 1985, la Congregación para los Obispos (uno de los órganos de gobierno del Vaticano) creó el Consejo Central de los Ordinarios Militares para que se encargase, entre otros cometidos, de coordinar la acción pastoral de los Ordinariatos Castrenses y la aprobación de sus estatutos, porque aunque todos tienen unas líneas de acción comunes, según la SMC “no puede haber unas mismas normas para todas las naciones, puesto que el número de fieles católicos que pertenecen a las Fuerzas Armadas no es el mismo en todas partes y las circunstancias difieren mucho entre sí según los distintos lugares”. “Así por ejemplo, los Estatutos del Arzobispado Castrense de España fueron publicados en enero de 1988 como resultado de la armonización de la Spirituali Militum Curae y los Acuerdos iglesia-Estado de 1979”, matiza el páter Seoane.

Los representantes de los Ordinariatos Militares se reúnen periódicamente para poner en común las actividades de sus respectivas iglesias particulares y fomentar la pastoral castrense en todas y cada una de ellas. En la actualidad hay 36 Ordinariatos Militares en todo el mundo: 11 en América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela); 2 en América del Norte (Canadá y Estados Unidos); 15 en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Lituania, Polonia y Portugal); 3 en Asia (Corea del Sur, Filipinas e Indonesia); 3 en África (Kenia, Sudáfrica y Uganda); y 2 en Oceanía (Australia y Nueva Zelanda).

España decide retirar los cuatro F-18 y el submarino que aportaba a la misión de Libia

Carme Chacón ha vuelto a dar un paso al frente y ha decidido que ya es hora de que los cuatro F-18 y el submarino español que participan en la misión de Libia regresen a España. Ya no tiene nada que perder, habida cuenta de que las encuestas dan por ganador al Partido Popular en las elecciones del próximo 20 de noviembre. No tiene nada que perder de cara al resto de países aliados (aunque eso nunca le ha importado mucho) porque no repetirá al frente del Ministerio de Defensa y, en cambio, algo podría ganar de cara al electorado.

La ministra de Defensa, que ya se desmarcó de sus homólogos de la OTAN en el año 2009 cuando decidió la retirada de las tropas españolas desplegadas en Kosovo, lo ha vuelto a hacer en el caso de Libia. Y lo ha hecho, a pesar de que el jueves pasado los ministros de Defensa de la OTAN (ella incluida) decidieron en Bruselas que la operación 'Protector Unificado' que se desarrolla en el país magrebí desde el pasado marzo continuaría de momento (aunque también admitieron que ya se está acercando el fin de la misma).

Y, además, ha tomado esta decisión (teóricamente con el visto bueno del Mando de Operaciones que dirige la operación en Libia) a pesar de que, a finales de agosto, tanto ella como la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, aseguraron que no habría retirada por parte de España, aunque ambas mostraron su interés en que la misión debía concluir cuanto antes, puesto que los objetivos de la misma ya se habían alcanzado (y, todo sea dicho de paso, a España le estaba costando medio millón de euros al día)...

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La importancia de cortar las vías de financiación del terrorismo yihadista

"El terrorismo organizado no puede subsistir sin un constante flujo financiero", afirmaba en 2004 José Carlos García Fajardo, profesor de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid, en su artículo titulado 'La nueva economía del terror'. "La religión -proseguía García Fajardo- no es más que un instrumento de reclutamiento, mientras que la fuerza motora real es la economía".

También la periodista y economista italiana Loretta Napoleoni, en su obra 'Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía', habla de la nueva economía del terror, y de cómo la financiación de los grupos terroristas está rodeada de "delincuencia, corrupción y engaño". Según Napoleoni, las fuentes de financiación del terrorismo yihadista proceden, principalmente, de las actividades criminales (robos, secuestros fraudes de tarjetas de crédito y narcotráfico), y de los donativos que empresas, magnates e incluso, en ocasiones, de la propia Administración (Arabia Saudí u otros países del Golfo Pérsico) hacen a mezquitas y ONG islámicas, que son empleadas como tapaderas de las actividades terroristas.

A la vista de estas afirmaciones, y recordando las palabras del mosso d'esquadra David Miquel i Serra en el mes de mayo, en las que afirmaba que las células terroristas yihadistas asentadas en España (principalmente en Cataluña) tenían como objetivo principal obtener financiación y apoyo logístico. es más fácil comprender la importancia de la operación llevada a cabo el pasado martes por efectivos de la Guardia Civil, que se saldó con la detención de cinco personas por su presunta relación con una célula de apoyo logístico y financiero a grupos terroristas que operan en la zona argelina del Magreb, concretamente con la 'franquicia' de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

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