"Estamos en Nakuru, un campamento improvisado donde más de 2.000 desplazados dependen de la caridad para comer y vestirse. Muchos se sienten avergonzados de tener que hacer cola para recibir su ración de alimentos mientras en sus granjas las cosechas se echan a perder". Así relataban miembros del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) sus vivencias tras el violento periodo post electoral de diciembre de 2007 en Kenya. "Unos hombres quemaron nuestra casa y robaron todo lo que teníamos", les contaba Keziah Wanjiku, de 35 años, quien afortunadamente en su huida pudo salvar lo más preciado para él, sus hijos. "Vine aquí en busca de ayuda", decía a los voluntarios del CICR. "Vinimos aquí -les decía también Mary Nyambura- porque, después de votar, por la noche comenzaron a incendiar nuestras casas. Dormimos a la intemperie. No nos llevamos nada, salvo los niños".
Como Kexiah y Mary, miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares por los intensos brotes de violencia que se produjeron tras las elecciones de 2007 en Kenya; pero más de un millar de personas, sin embargo, ni siquiera pudieron salir huyendo... porque murieron. Ahora, más de dos años después de aquellos sucesos que conmocionaron al mundo pero que, a día de hoy, parecen olvidados, los crímenes contra la humanidad que pudieron haberse cometido en el periodo post electoral serán investigados.
Los jueves de la Corte Penal Internacional (CPI) han dado luz verde al fiscal, Luis Moreno Ocampo, para que inicie unas investigaciones que habían sido solicitadas en noviembre de 2009 por la Fiscalía de la CPI, tras las 1.220 muertes y los más de 350.000 desplazamientos que se produjeron como consecuencia de las acciones violentas que se cometieron en ese periodo de tiempo.
Según los letrados, procede la petición de investigar estos hechos -que duraron más de 40 días a principios de 2008- puesto que existen bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país africano. El fiscal Moreno Ocampo sostiene que los líderes políticos de Kenya organizaron y financiaron los ataques a la población civil perpetrados tras los comicios. "Se valieron de sus redes personales, gubernamentales, empresariales y tribales para cometer esos crímenes", aseguraba hace tan sólo unos días.
Sangrientas elecciones en Kenya
"La situación es penosa y lamentable", decía días después de las elecciones el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Achim Steiner. El 27 de diciembre de 2007 era un día de votaciones en Kenya, un país en el que lo que más preocupa a sus jóvenes (la mitad de la población es menor de 18 años) es la educación, las posibilidades de empleo, la atención de la salud, la seguridad y el propio gobierno, según el informe 'Análisis de la situación de la juventud' elaborado por la agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Tras los comicios, en los que resultó vencedor el entonces presidente, Mwai Kibaki, los seguidores del opositor Raila Odinga salieron a las calles para protestar por unas elecciones que consideraban fraudulentas. Según relataba a AFP un jefe de la Policía de Eldoret, "al menos 30 personas han muerto quemadas en el interior de una iglesia en la zona de Kiambaa". Pero esos no fueron los únicos muertos como consecuencia de los enfrentamientos violentos que se produjeron entre los partidarios de Kibaki y Odinga. "Los enfrentamientos post-electorales son los más sangrientos desde el intento de golpe de Estado frustrado en 1982", publicaba entonces El País. La explosión de violencia se produjo en una de las democracias más estables de África y una de las economías más potentes del continente. Ahora, años después, los crímenes serán investigados.
